SANTA CRUZ DE TENERIFE El Gobierno quiere incluir la figura de la multa dineraria, de hasta 1.500 euros, en el régimen sancionador de la Ley Canaria de la Función Pública, así como la figura del personal de alta dirección, que no tiene por qué ser designado entre los empleados públicos. Estos son dos de los puntos más polémicos del anteproyecto de ley que está elaborando la Consejería de Presidencia que dirige José Miguel Ruano y que concitan el rechazo unánime de los principales sindicatos canarios que representan al empleado público.
Los portavoces del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) coinciden en que la creación de esta figura directiva, "se regula al margen de los funcionarios" y suponen una "especie de control de alta dirección política, lo que se conoce como ´comisarios´, con el fin de someter al funcionario a la política". "El funcionario debe ser libre, los gobiernos vienen y van, y sólo pueden estar sometidos a la ley, pero no a la acción política", afirman desde el Sepca.
